La Cámara de Diputados abrió un día clave para entender hacia dónde va el país en materia social y política. Desde temprano, la presidenta de la Mesa Directiva dejó claro que el plato fuerte sería la comparecencia de la Secretaría del Bienestar, nada menos que la dependencia que en 2026 administrará 674 mil millones de pesos, la cifra más alta asignada a cualquier secretaría. Para decirlo sin tecnicismos: es el corazón financiero de todos los programas sociales que hoy llegan a millones de hogares y que definen buena parte del perfil del gobierno.
El tamaño del presupuesto explica por qué esta comparecencia es tan esperada. Con casi el 10% de todo el gasto federal concentrado en un solo rubro, la revisión de cuentas no es un trámite, sino una obligación democrática. La discusión no solo será sobre números, sino sobre cómo este gasto ayuda a combatir la pobreza, ampliar apoyos y reducir desigualdades que todavía afectan a cerca de 50 millones de personas. En palabras de la presidenta, México “necesita más”, porque las demandas de seguridad, medicinas, servicios públicos y movilidad siguen creciendo en todo el país.
Pero como suele ocurrir en la política mexicana, el análisis del presupuesto viene acompañado de lecturas electorales. La secretaria Ariadna Montiel llega al pleno entre versiones que la ubican como posible candidata en Chihuahua, un tema que la oposición usa para cuestionar si el Bienestar se ha convertido en plataforma política de Morena. Desde la Mesa Directiva se pidió concentrarse en la rendición de cuentas, pues el país necesita claridad sobre cómo se distribuye el dinero público y cuántas personas realmente reciben estos apoyos.
El día también estará marcado por un hecho inédito: la llegada de 75 embajadoras y embajadores a la Cámara de Diputados, la cifra más alta en años. Esta recepción, organizada desde hace un mes, busca reforzar los puentes de comunicación entre México y la comunidad internacional, y mostrar que el Congreso también tiene un papel en la diplomacia. Según la presidenta, se trata de reconocer la importancia de México en el mundo y abrir canales de diálogo más directos con quienes representan a otros países.
Fuera de la agenda formal, el tema juvenil volvió a tomar protagonismo. Ante las preguntas sobre la marcha convocada el 20 de noviembre por jóvenes de la Generación Z, la presidenta fue tajante: el Estado no debe criminalizar a nadie que salga a protestar. Recordó que las marchas son un derecho constitucional y que deben garantizarse condiciones para que ocurran en paz. Para ella, descalificar a los jóvenes es ignorar a 33 millones de personas que exigen seguridad, escuelas dignas y trabajos que paguen lo suficiente para vivir bien. Esas demandas —dijo— trascienden partidos, ideologías y coyunturas.
Sobre la polémica por el contrato difundido en redes entre un promotor juvenil y el PAN, la presidenta evitó engancharse en la confrontación. Su mensaje fue que intentar desacreditar una protesta no atiende el fondo del problema: la inseguridad y la falta de oportunidades que viven millones de jóvenes. Reiteró que el papel de los servidores públicos es ofrecer soluciones, no buscar culpables.
El otro debate caliente del día gira en torno a la nueva Ley General de Aguas. Las audiencias públicas reunieron a campesinos, expertos y empresarios que advierten posibles afectaciones a concesiones ya adquiridas. La presidenta celebró que la discusión sea abierta y técnica, y pidió evitar que se convierta en una batalla ideológica. Recordó que el acceso al agua es un derecho humano y que la ley debe construirse escuchando, atendiendo y razonando todas las posturas antes de llevarla al Pleno.
Entre cuentas millonarias, diplomacia inédita y tensiones sociales que crecen, el Congreso vive una jornada que revela el momento del país: uno en el que la exigencia ciudadana y la rendición de cuentas ya no pueden posponerse.
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